La expedición de la Ley 2586 de 2026, mediante la cual se establece el nuevo Régimen Sancionatorio y de Decomiso de Mercancías en Materia Aduanera, marca un cambio relevante para los operadores de comercio exterior en Colombia.

Con esta norma se atiende lo dispuesto por la Corte Constitucional en la Sentencia C-072 de 2025, que declaró inexequible el Decreto Ley 920 de 2023 y postergo los efectos de esa decisión hasta el 20 de junio de 2026, con el propósito de evitar un vacío normativo mientras el Congreso expedía una nueva regulación.

En este contexto, la Ley 2586 de 2026 incorpora ajustes orientados a fortalecer la seguridad jurídica y establecer parámetros más precisos para el ejercicio de la potestad sancionatoria de la administración aduanera.

Aspectos relevantes de la nueva regulación

Entre las principales disposiciones previstas en la nueva ley se destacan:

En este contexto, resulta conveniente evaluar, entre otros aspectos:

En Blanco De Castro Abogados estamos preparados para acompañar a los actores del comercio exterior en la evaluación de sus impactos y en la definición de las acciones que permitan una adecuada implementación del nuevo marco normativo.

Será un gusto poder apoyarlos.

En desarrollo del Estado de Conmoción Interior decretado en la región del Catatumbo, se han expedido decretos legislativos, con el propósito de aunar recursos o de otorgar estímulos tributarios.

En primer lugar, hacemos mención del Decreto Legislativo 175 fechado febrero 14 de 2025, por medio del cual, se dispone.

a) Iva sobre los juegos de suerte y azar operados por internet. Quedan gravados a la tarifa del 19%.

b) Crear un impuesto a la extracción de hidrocarburos y carbón en el país sobre las partidas arancelarias 27.01 y 27.09 y

c) El impuesto de timbre IT. La tarifa aplicable hasta el día 21 de febrero de 2025 que era del 0%, pasa al 1% a partir de febrero 22 del año en curso.

El primer aspecto que surge al realizar la lectura de la norma, está referida a la vigencia de la misma, porque permite definir la fecha a partir de la cual, es exigible. En este orden, el dos artículos en el cuerpo del mismo decreto disponen dos escenarios de vigencia, en los siguientes términos:

• El artículo 8 referido a la modificación transitoria del parágrafo 2 art. 519 E.T., señala “a partir del quinto día posterior a la publicación del presente decreto” y
• El artículo 10 titulado vigencia, el cual dispone que “las disposiciones contenidas en el presente decreto serán aplicables una vez culmine el quinto día hábil siguiente a su publicación y hasta el 31 de diciembre de 2025”.

La aplicación del artículo 8 supone vigencia partir de febrero 21, mientras que el artículo 10 referido del decreto, conlleva vigencia a partir de febrero 22. La DIAN toma partido por el día 22 e febrero de 2025 como se lee en concepto 236 fechado febrero 21 de 2025. Estas modificaciones tienen carácter temporal y serán aplicables hasta el día 31 de diciembre de 2025.

Por tratarse de un tributo que afecta en mayor medida a la comunidad empresarial, haremos ampliación respecto al impuesto de timbre IT.  En este orden, algunas características de este tributo son:

• Es un tributo documental en la medida que sólo grava las formas escritas. De esta manera la realización de contratos verbales no constituye hecho generador. De esta manera, estamos ante un tributo que castiga la realización de acuerdos formales escritos, situación que tiene implicación en la rentabilidad de quien lo registre como gasto, obligaciones de cumplimiento registro y pago en quien tenga la condición de agente retenedor, responsabilidades contables, carga administrativa en la confección de contratos y generación de modificaciones a los mismos, etc.

De esta manera y en aras de racionalizar esta obligación tributaria y evitar contingencias, es recomendable verificar si las operaciones contractuales están o no exentas; para el efecto serán de consulta permanente las disposiciones contenidas en los artículos 530, 530-1 y 532 del E.T. y 1.4.1.7.1 a 1.4.7.14 el DUR 1625 de 2016.

• En esencia es un impuesto objetivo, lo cual significa que la operación respecto de la cual ocurra el hecho generador es gravada sin importar la condición de quien la realiza, no obstante, hay situaciones en las que el hecho generador de la obligación o la exención del impuesto está asociada con la calidad de quien interviene en el contrato, como ocurre en el caso de contratos en los que intervienen entidades públicas.
• Es deducible en la declaración de renta, siempre que se concurran los presupuestos previstos en el artículo 115 del E.T. De manera deben acreditarse el pago y el cumplimiento de los requisitos de fondo previstos en el artículo 107 del E.T.

El IT se causa sobre los instrumentos públicos y documentos privados, incluidos los títulos valores, que se otorguen o acepten en el país, o que se otorguen fuera del país pero que se ejecuten en el territorio nacional o generen obligaciones en el mismo, en los que se haga constar la constitución, existencia, modificación o extinción de obligaciones, al igual que su prórroga o cesión, cuya cuantía sea superior a 6.000 UVT ($298.794.000), en los cuales intervenga como otorgante, aceptante o suscriptor una entidad pública, una persona jurídica o asimilada, o una persona natural que tenga la calidad de comerciante, que en el año inmediatamente anterior tuviere unos ingresos brutos o un patrimonio bruto superior a 30.000 UVT ($1.493.970.000).

Para el caso de los documentos que hayan sido elevados a escritura pública tratándose de la enajenación a cualquier título de bienes inmuebles, se aplicará únicamente la disposición prevista en el parágrafo 3 del artículo 519 del E.T. De esta manera, en lugar de la tarifa temporal (1%), se debe aplicar de debe aplicará la siguiente tabla:

Para determinar las cuantías se debe considerar:

• No se causará el IT sobre los instrumentos públicos y documentos privados cuya cuantía no exceda de 6.000 UVT.
• En los documentos de cuantía indeterminada, cuyo máximo valor posible de acuerdo con las cláusulas contenidas en el documento, no exceda de 6.000 UVT, no se causará el impuesto de timbre. Cuando dicho máximo valor posible exceda dicha cuantía se causará el impuesto de timbre que proceda. En estos casos, cuando no se haya liquidado impuesto de timbre, pero de la ejecución de las obligaciones que constan en el documento se llegare a un valor superior a 6.000 UVT), se deberá pagar el impuesto de timbre respectivo, sin perjuicio de las sanciones e intereses moratorios a que haya lugar.
• En los contratos de ejecución sucesiva, la cuantía será la del valor total de los pagos periódicos que deban hacerse durante la vigencia del convenio.
• En los contratos de duración indefinida se tomará como cuantía la correspondiente a los pagos durante un año.
• En los actos o actuaciones que por naturaleza sean de valor indeterminado se tendrá como cuantía la que aparezca en las contenidas en el título II libro cuarto del E.T. y no la proveniente de simple estimación de los interesados.
• Se ajustarán los impuestos cuando inicialmente fue indeterminado el valor de un acto, sujeto a ellos o incorporado a documento que los origine y posteriormente dicho valor se haya determinado; sin la prueba del pago del impuesto ajustado no serán deducibles en lo referente a impuestos de renta y complementarios, los pagos ni las obligaciones que consten en los instrumentos gravados, ni tendrán valor probatorio ante las autoridades judiciales o administrativa.
• La cuantía de los contratos en moneda extranjera se determinará según la tasa representativa del mercado en el momento en que el impuesto se haga efectivo.

El IT, se recauda a través del mecanismo de retención en la fuente. Son agentes de retención:

2. Las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia.

3. Las entidades de derecho público, las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta.

4. Las personas jurídicas, las sociedades de hecho y demás asimiladas.

5. Las personas naturales o asimiladas que tengan la calidad de comerciantes y que en el año inmediatamente anterior tuvieren unos ingresos o un patrimonio brutos superior a 30.000 UVT ($1.493.970.000).

6. Los agentes diplomáticos del Gobierno Colombiano, por los documentos otorgados en el exterior.

7. Los bancos por el impuesto correspondiente a los cheques.

8. Los almacenes generales de depósito por los certificados y bonos de prenda.

9. Las entidades de cualquier naturaleza, por la emisión de títulos nominativos o al portador.

Cuando en un documento o actuación intervenga más de un agente retenedor de los señalados en los numerales uno (1) a cinco (5) del presente artículo, responderá por la respectiva retención, el agente de retención señalado conforme al orden de prelación de los mismos numerales. En caso de que intervengan en el documento o actuación, varios agentes de retención de la misma naturaleza de los enumerados en los diferentes numerales mencionados, responderá por la respectiva retención, respetando dicho orden de prelación, la entidad o persona que efectúe el pago.

Cuando en el documento o la actuación intervengan dos o más agentes retenedores con la misma categoría actuará como agente de retención:

a. En operaciones de mutuo, quien otorgue el préstamo.

b. En operaciones donde una de las prestaciones se cumpla en dinero y la otra en especie, quien pague en dinero.

Operaciones exentas. Los artículos 530, 530-1 y 532 del E.T. y 1.4.1.7.1 a 1.4.7.14 el DUR 1625 de 2016, contienen una lista amplia de operaciones exentas, que sugerimos consultar. Por razones de espacio y a modo de ejemplo citamos algunas de interés:

• Las acciones suscritas en el acta de constitución de las sociedades anónimas o en comandita por acciones.
• Las facturas cambiarias, siempre que el comprador y el vendedor o el transportador y el remitente o cargador, según el caso, y su establecimiento se encuentren matriculados en la cámara de comercio.
• El endoso de títulos valores y los documentos que se otorguen con el único propósito de precisar las condiciones de la negociación, tales como aquellos que se efectúan en desarrollo de operaciones de venta de cartera, reporto, carrusel, opciones y futuros.
• Las cartas de crédito sobre el exterior.
• Los comprobantes o certificados de depósito a término de los establecimientos de crédito.
• La apertura de tarjetas de crédito.
• Los contratos de promesa de compraventa de inmuebles.
• Los contratos de prenda o garantía hipotecaria abiertas.
• Los contratos de transporte aéreo, terrestre, marítimo y fluvial de pasajeros y de carga.
• Las pólizas de seguros y reaseguros, sus renovaciones, ampliaciones, aplicaciones o anexos.
• Los contratos accesorios, las cláusulas penales y los pactos de arras que consten en el documento del contrato principal.
• La factura a que se refiere el artículo 944 del Código de Comercio, el vale y la cuenta de cobro.
• Los documentos privados mediante los cuales se acuerde la exportación de bienes de producción nacional y de servicios.
• Las órdenes de compra o venta de bienes o servicios, y las ofertas mercantiles que se aceptan con ocasión de la expedición de la orden de compra o venta.
• Las entidades de derecho público. Cuando en una actuación o en un documento intervengan entidades exentas y personas no exentas, las últimas deberán pagar la mitad del impuesto de timbre, salvo cuando la excepción se deba a la naturaleza del acto o documento y no a la calidad de sus otorgantes. Cuando la entidad exenta sea otorgante, emisora o giradora del documento, la persona o entidad no exenta en cuyo favor se otorgue el documento, estará obligada al pago del impuesto en la proporción establecida en el inciso anterior.
• Etc.

Algunos aspectos a considerar, son los siguientes:

• El impuesto sobre las ventas no formará parte de la base gravable del impuesto de timbre.
• Los agentes de retención del impuesto de timbre deberán llevar una cuenta denominada “Impuesto de Timbre por Pagar” en donde se registre la causación y el pago de los valores respectivos.
• Cuando se modifique la cuantía de un contrato sobre el cual se hubiere pagado impuesto de timbre, y la modificación implique un mayor valor del contrato original, se deberá pagar el IT sobre la diferencia, siempre y cuando esta, sumada a la cuantía del contrato original, exceda la suma mínima no sometida al gravamen de conformidad con el artículo 519 del Estatuto Tributario. Cuando la modificación implique un menor valor del contrato no se deberá liquidar impuesto de timbre adicional.
• Sin perjuicio de lo contemplado en el artículo 527 del E.T., el IT se causa en el momento del otorgamiento, suscripción, giro, expedición, aceptación, vencimiento, prórroga o pago, del instrumento, documento o título, el que ocurra primero.
• En el caso de pagarés en blanco exigidos por entidades financieras vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia o entidades públicas, el impuesto de timbre sólo se causará cuando el instrumento se utilice para hacer exigible el pago de las obligaciones en él contenidas.
• En los contratos de fiducia mercantil y en los encargos fiduciarios, el IT se causará sobre la remuneración que corresponde según el respectivo contrato, a favor de la entidad fiduciaria. La misma regla será aplicable en el caso de los contratos de agencia mercantil y de administración delegada, así como a los que den origen a fondos de valores administrados por sociedades comisionistas de bolsa.
• En los contratos cuyo objeto sea el suministro de combustibles derivados del petróleo sometidos al control oficial de precios, el IT sobre los márgenes de comercialización establecidos por el Ministerio de Minas y Energía incorporados dentro del respectivo contrato
• En el caso de las cartas de crédito, el IT se causará al momento en que esta se haga efectiva.
• Cuando la oferta mercantil aceptada se concrete posteriormente en un contrato escrito, sólo se causará el IT sobre este último.

Con fecha enero 30 de 2025, fue expedido el Decreto Legislativo 0117, disposición que consagra un descuento tributario, aplicable en la declaración de renta del año fiscal 2025. Algunos detalles del tratamiento preferencial son los siguientes:

• Aplicable a personas naturales y jurídicas que desarrollen actividades de alojamiento turístico conforme a lo dispuesto en el Decreto 1836 de 2021, domiciliados en el departamento de Norte de Santander.
• El valor del descuento será un monto equivalente al valor comercial de habitación por cada noche de alojamiento gratuito proporcionada en sus instalaciones a población desplazada o afectada por el conflicto armado proveniente de la región del Catatumbo.
• El prestador del servicio deberá estar activo en el Registro Nacional de Turismo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y debe contar con copia del Registro Único de Víctimas (RUV) o copia de la declaración rendida por la víctima ante el Ministerio Público o las autoridades competentes, junto con la factura o documento que soporte la operación del servicio de alojamiento gratuito.
• El descuento tributario no podrá exceder del 50% del impuesto sobre la renta a cargo del contribuyente en el respectivo año gravable. El exceso no descontado podrá tomarse en los años gravables siguientes con la misma limitación hasta que se agote. En todo caso, el uso de este descuento no dará lugar a la devolución o compensación.
• Los costos y gastos en los que se incurra para la prestación de los servicios gratuitos no serán deducibles en la determinación del impuesto sobre la renta y complementarios.

Llama la atención que una norma expedida en el año 2025, en desarrollo de un estado de excepción, consagre un tratamiento preferencial en materia de impuesto sobre la renta, que es un impuesto de período, escenario en el cual, y conforme al artículo 338 de la Constitución Nacional, las normas sustantivas tienen efecto a partir del período gravable siguiente al de su promulgación. De esta manera, a primera vista, se observa que la disposición va en contravía de la norma constitucional.

El ministro de Hacienda radicó el proyecto de la ley, por medio del cual, se expiden normas de financiamiento para el presupuesto general de la nación y que en suma contiene una nueva reforma tributaria. A continuación, encontrará un resumen ejecutivo de las regulaciones puestas a consideración del Congreso de Colombia.

Los principales temas a tratar dentro del proyecto de reforma tributaria son los siguientes:

• TARIFA DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORPORATIVA.
• IMPUESTO MÍNIMO IM.
• IMPUESTO AL PATRIMONIO IP.
• IMPUESTO SOBRE GANANCIA OCASIONAL IGO.
• RÉGIMEN SIMPLE.
• IMPUESTO SOBRE LA RENTA APLICABLE A PERSONAS NATURALES RESIDENTES FISCALES IRR.
• DEVOLUCIÓN AUTOMÁTICA DE SALDOS A FAVOR.
• INGRESO NO CONSTITUTIVO DE RENTA NI GANANCIA OCASIONAL POR INDEMNIZACIONES O COMPENSACIONES POR DAÑOS INMATERIALES.  INCRG
• INTERESES PRESUNTOS POR PRÉSTAMOS EN DINERO ENTRE LAS SOCIEDADES Y LOS SOCIOS GENERAN INTERESES PRESUNTIVOS.
• NUEVOS REQUISITO PARA ACEPTAR DEDUCCIÓN DE COSTOS Y GASTOS.
• RENTA POR COMPRACIÓN PATRIMONIAL.
• BENEFICIO DE AUDITORÍA.
• IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS.
• MEDIDAS DE FINANCIACIÓN PARA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y EL DEARROLLO SOSTENIBLE.
• IMPUESTO AL CARBONO.
• RECOMPENSAS POR SUMINISTRO DE INFORMACIÓN.
• EL PROCESO DE CALIFICACIÓN COMO PROVEEDOR FICTICIO.
• PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE ABUSO EN MATERIA TRIBUTARIA.
• SANCIÓN POR INCUMPLIR OBLIGACIÓN DE FACTURAR.
• POLÍTICA DE COSTO BENEFICIO EN LA ACCIÓN FISCALIZADORA DE LA DIAN.

Entre los cambios proyectados se encuentra la aplicación de la figura de la declaración de importación anticipada de forma obligatoria para todas las mercancías que pretendan ingresar al territorio aduanero nacional, permitiendo con lo anterior, regular aspectos concernientes al proceso de selectividad en el lugar de arribo, el pago de tributos aduaneros con posterioridad al proceso de selectividad e inspección y las actualizaciones que se pueden realizar frente a este tipo de declaraciones, hasta antes de iniciar el proceso de selectividad.

Cabe resaltar, que la figura de la declaración anticipada se encuentra presente en la legislación aduanera colombiana como un mecanismo para la facilitación al comercio, que propende por la reducción de tiempos y costos logísticos en las operaciones de comercio exterior, la cual se puede utilizar de forma voluntaria por parte de los importadores y de manera obligatoria cuando se trate de operaciones de importación de mercancías relacionadas con textiles y sus manufacturas, calzado e incluso con el acero.

Por otra parte, también encontramos que el proyecto plantea ajustar los términos y condiciones para la autorización de ingreso y salida de mercancías desde y hacia zona franca, a través del formulario de movimiento de mercancías, implementando una declaración de ingreso que el usuario operador deberá verificar junto con los demás documentos soporte de la operación. Tratándose de operaciones de exportación desde zona franca al resto del mundo, se exigirá la presentación de la solicitud de autorización de embarque (SAE), con la finalidad de documentar estas operaciones, al tiempo que verificar los compromisos del plan de internacionalización previsto para el régimen franco.

Así mismo, se proyecta promover la industria de astilleros, precisar procesos que se adecúen a la realidad logística y operativa de los puertos, permitir que las Sociedades de Comercialización Internacional – SCI puedan expedir certificados al proveedor a usuarios ubicados en zona franca, permitir que la reimportación en el mismo estado se pueda hacer sin límite de tiempo y permitir la presentación de documentos digitalizados.

Se contempla igualmente ajustar el procedimiento para las resoluciones de clasificación arancelaria, y adoptar criterios que garanticen la aplicación armónica de los pronunciamientos de la Comunidad Andina – CAN y la Organización Mundial de Aduanas – OMA.

Ante el nuevo panorama que se vislumbra en materia de legislación aduanera, surge una oportunidad histórica para unir esfuerzos orientados a crear una alianza entre el sector público y privado, con la finalidad de formar sinergias que permitan la adopción de un andamiaje normativo aduanero, concebido bajo estándares internacionales, alineado con las realidades propias del entorno económico interno, que en últimas permitan la dinamización del comercio exterior del país.

Así las cosas, resulta determinante avanzar al unísono en el desarrollo estructural del comercio exterior colombiano, a fin de tener un sector cada vez más competitivo y robusto, que se traduzca en el fortalecimiento de las exportaciones a los diversos mercados internacionales.

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El cambio climático representa una preocupación ambiental global que impacta a la humanidad en su totalidad. El Acuerdo de París de 2015 constituye un hito significativo a nivel mundial, comprometiendo a los países firmantes a adoptar medidas para combatir el cambio climático, intensificar sus esfuerzos y realizar las inversiones necesarias para alcanzar un futuro sostenible.

Uno de los objetivos primordiales de este acuerdo es limitar el aumento de la temperatura global a menos de dos grados centígrados, lo cual implica reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, principal causa del calentamiento global desde el siglo XIX, impulsadas principalmente por actividades humanas como la quema de combustibles fósiles, entre los que destacan el carbón, el petróleo y el gas.

En respuesta a esta problemática ambiental, el hidrógeno emerge como una solución de interés tanto a nivel nacional como internacional, toda vez que es considerado un elemento crucial en la transición energética. Su atractivo radica no solo en ser el elemento más abundante y sencillo de la tabla periódica, sino también en su capacidad para almacenar y transportar energía de manera versátil, así como en su uso sin emisiones directas de gases de efecto invernadero ni contaminantes, lo que lo convierte en un aliado clave en la descarbonización.

La clasificación del hidrógeno según su fuente energética de producción incluye:

1. Hidrógeno gris: Es producido con combustible fósiles (gas natural y carbón).
2. Hidrógeno Azul: Es producido a partir de combustibles fósiles, especialmente por la descomposición del metano (CH4) y que cuenta con un sistema de captura, uso y almacenamiento de carbono (CCUS), como parte de su proceso de producción y se considera FNCE[1]. Este tipo es incluido dentro de las Fuentes No Convencionales de Energía (FNCE).
3. Hidrógeno verde: Es producido a partir de Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER), tales como la biomasa, los pequeños aprovechamientos hidroeléctricos, la eólica, el calor geotérmico, la solar, los mareomotriz, entre otros.[2]

Tanto el sector público como el privado a nivel mundial han incrementado su unión y su interés en el hidrógeno, motivados por los beneficios ambientales y los incentivos ofrecidos por diversas naciones a quienes implementen medidas o proyectos para cuidar al planeta.

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[1] Numeral 24, Artículo 5, Ley 2099 de 2021-Tránsito energético.

[1] Numeral 23, Artículo 5, Ley 2099 de 2021-Tránsito energético.

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La Comisión Europea, por ejemplo, planea invertir entre 180 y 450 billones de euros en investigación, desarrollo tecnológico e incentivos para la instalación de plantas de generación de hidrógeno verde.[3]

En esta misma línea, Alemania programa un apoyo público de 9 billones de euros, donde 2 billones los destina a acuerdos internacionales. Japón y Corea del Sur proyectan destinar 19 y 2,4 billones de dólares respectivamente para la financiación de proyectos relacionados con la economía del hidrógeno verde.[4]

A nivel del sector privado, a febrero de 2021, se habían anunciado mundialmente alrededor de 228 proyectos relacionados con hidrógeno en toda su cadena de valor.

Ahora bien, a nivel nacional, Colombia cuenta con un ecosistema privilegiado, rico en recursos naturales que abarcan las necesidades energéticas actuales, lo que posibilita un futuro prometedor en cuanto a la producción de hidrógeno de bajas emisiones. Además, por su posición geográfica y su infraestructura, Colombia puede convertirse en un centro logístico estratégico para el comercio de hidrógeno hacia países vecinos, tanto por vía marítima como terrestre.

El país también cuenta con un sector empresarial innovador y una academia comprometida en la investigación y desarrollo de tecnologías clave en la cadena de valor del hidrógeno. La creación de la Asociación Colombiana del Hidrógeno refleja el interés del sector privado en promover el desarrollo de la industria del hidrógeno a nivel nacional.

El Gobierno colombiano, consciente de los recursos disponibles y el potencial del país en este ámbito, ha incluido al hidrógeno de bajas emisiones (hidrógeno verde e hidrógeno azul) en la Ley de Transición Energética 2099 de 2021, la cual modifica a la Ley 1715 de 2015 “energías renovables no convencionales al Sistema Energético Nacional”. Esta legislación no solo define estos tipos de hidrógeno, sino que también establece beneficios e incentivos económicos para las empresas que desarrollen proyectos relacionados con la protección del medio ambiente, como lo son[5]:

• Deducción de renta del 50% del valor del proyecto hasta por 15 años.
• Exclusión de IVA en compra de equipos, elementos, maquinaria o servicios.
• Excepción de arancel en importación de equipos.
• Depreciación acelerada de equipos, maquinaria y obras civiles.

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[1] Hoja de Ruta del Hidrógeno en Colombia.

[1] Hoja de Ruta del Hidrógeno en Colombia.

[1] Ley 1715 de 2015.

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Estos incentivos demuestran el compromiso de Colombia con la protección del medio ambiente y su aspiración de convertirse en un líder en los futuros mercados de este sector energético emergente.

En el informe de proyectos de Hidrógeno Colombia de 2023, se destaca que Colombia fue uno de los primeros países de Latinoamérica en publicar su estrategia de hidrógeno, priorizando la producción de hidrógeno de bajas emisiones. Actualmente, se producen anualmente 155.000 toneladas de hidrógeno en el país, utilizado principalmente en refinerías (84%), producción (12%) y otros usos (4%).

Según el mismo informe, a nivel nacional se están desarrollando 28 proyectos de hidrógeno, con aplicaciones principales en el transporte de carga pesada, la producción de amoniaco, el metanol y las refinerías.

Un ejemplo de los proyectos que se esta llevando a cabo es el liderado por Ecopetrol, Promigas, EPM, la Universidad de Antioquia y la Universidad de la Guajira para la producción de hidrógeno verde.

Podemos concluir que Colombia se encuentra bien posicionada para convertirse en líder en la producción de hidrógeno verde. Aunque actualmente no se está produciendo hidrógeno puro, la meta es comenzar a producir hidrógeno verde para el año 2030. Además, con los proyectos que se están desarrollando en el país, tanto a gran escala como a pequeña escala, el sector privado muestra un gran interés en trabajar en este campo.

Sin embargo, dado que es un sector emergente que requiere inversiones significativas, es crucial buscar alianzas con otras naciones para obtener recursos económicos y posicionarse en el comercio exterior.

Al ser un sector nuevo, va a pasos lentos, pero llamando la atención desde ya y siendo visionarios para las futuras negociaciones a nivel internacional, sin dejar a un lado el foco principal que es la protección del medio ambiente.

Dentro del sector secundario de la economía colombiana los fertilizantes tienen un papel fundamental, en la medida que a través de ellos resulta posible aumentar la productividad de los cultivos, dado su aporte de nutrientes al suelo, que permiten potenciar el campo colombiano y la seguridad alimentaria del país.

Los fertilizantes son considerados sustancias ricas en nutrientes, que se utilizan con la finalidad de mejorar las características del suelo para un mayor desarrollo de los cultivos agrícolas y se pueden clasificar, según su composición, en orgánicos (origen animal o vegetal) o inorgánicos (de tipo químico), y dentro de estos se encuentran los simples y compuestos.

Los denominados simples, son aquellos que aportan a las plantas uno de los macronutrientes necesarios que se identifican con las letras N (nitrógeno), P (fosforo) y K (potasio). Estos fertilizantes se pueden dividir en 3 tipos diferentes, dependiendo del macronutriente que contenga: (i) fertilizantes simples nitrogenados como la urea (ii) fertilizantes simples fosfatados como el fosfato diamónico o monoamónico y (iii) fertilizantes simples potásicos como el cloruro de potasio.

Por su parte, los fertilizantes compuestos son aquellos que contienen por lo menos dos macronutrientes básicos y pueden ser enriquecidos con un elemento adicional. Estos se pueden encontrar a través de las siguientes combinaciones como NPK, NP, NK o PK. Así mismo, se incluyen los fertilizantes complejos (NPK) y los fertilizantes mezclados.

La dinámica del comercio exterior de fertilizantes en Colombia ha concentrado su operación en la importación de los tres macronutrientes principales que se encuentran dentro de la urea, fosfato diamónico o fosfato monoamónico y el cloruro de potasio.

En materia de exportaciones se presentó en la región una tendencia positiva durante el 2023, dada las ventas efectuadas a Perú, Venezuela y Ecuador.

Bajo este contexto, fortalecer el comercio exterior de fertilizantes es una tarea impostergable, que requiere la confluencia de políticas, normas, infraestructura y por supuesto una correcta planeación en aspectos como:

• Estudio de mercado
• Ubicación de la subpartida arancelaria
• Identificación del producto
• Tratamiento tributario
• Procesos aduaneros
• Procesos cambiarios

Así las cosas, se debe avanzar al unísono en el desarrollo estructural del agro colombiano, y por ende de la industria de los fertilizantes, a fin de tener un sector cada vez más tecnificado y robusto, que en últimas permita mejorar la calidad del entorno agrario doméstico y maximizar la participación en los mercados internacionales.