Mediante este concepto se realizó reconsideración del Oficio 022619 del 10 de septiembre de 2019, en materia de procedimiento tributario y aduanero, con motivo de la Ley 2277 de 2022, de la siguiente manera:

“(…) En este orden de ideas es necesario reconsiderar el alcance del Oficio 022619 del 10 de septiembre de 2019 en los siguientes términos:
1. En el proceso de cobro coactivo la administración puede otorgar facilidades para el pago respecto de las declaraciones de retención en la fuente que se consideren ineficaces que presten mérito ejecutivo con fundamento en el inciso 5o del artículo 580-1 y en los artículos 814 y 841 del ET.
2. Cumplir con la facilidad para el pago no exime al agente retenedor del deber de presentar la declaración correspondiente pues está afectada por la ineficacia. De igual manera, esto no exime a la administración del deber de aforar al agente retenedor en línea con el artículo 715 del ET y, en términos generales, ejercer la función de fiscalización.
3. El incumplimiento de la facilidad para el pago deriva en la necesaria aplicación de lo previsto en el artículo 814-3 del ET por parte de la administración.

(…)”

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La Autoridad Aduanera se refiere a la obligación que tienen los usuarios aduaneros de cumplir con lo establecido en la Circular 170 de 2002, señalando lo siguiente:

“En el caso de un usuario aduanero del cual la Administración Aduanera ha dispuesto la pérdida o la cancelación de la autorización, habilitación o inscripción de tal, la obligación de dar cumplimiento a la Circular Externa 170 de 2002 de la DIAN cesa una vez se encuentra en firme el acto administrativo mediante el cual se declara dicha pérdida.”

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La Autoridad Aduanera mediante este pronunciamiento da alcance al Concepto General 032143 – interno 1465 de diciembre 31 de 2019, en lo pertinente a los descriptores 18.5.1 y 18.5.2 referentes a la pérdida o suspensión del beneficio del pago consolidado de Usuarios de Trámite Simplificado (UTS) y Operador Económico Autorizado (OEA).

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La Superintendencia de Sociedades se refiere a la prescripción del derecho a reclamar utilidades, explicando lo siguiente:

“Así las cosas, en lo que concierne a las utilidades no reclamadas, éstas deberán permanecer en la contabilidad de la compañía dentro de su pasivo hasta que por decisión judicial se declare la prescripción del derecho del accionista a reclamarlas, evento en el que, tal como se expone en el mismo Oficio 220-012740, podrán aumentar los resultados positivos del ejercicio y destinarlas para su distribución entre los demás asociados u otros fines previstos legalmente para tal rubro (…)”

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