La Autoridad Cambiaria señaló que la Declaración de Importación (Formulario 500) y la Declaración Andina de Valor (Formulario 560) contemplan la obligación de informar las condiciones de la operación, entre otras, el carácter de reembolsable o no de la misma, asunto que, como ya se mencionó, deberá ser determinado por el declarante y/o el importador al momento de su diligenciamiento, según las particularidades de cada caso.

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La Autoridad Tributaria mediante su doctrina precisó que los gerentes, administradores y, en general, los representantes legales son los responsables de la suscripción de las declaraciones tributarias de las personas jurídicas que representan, sin perjuicio de que dicha responsabilidad sea delegada en funcionarios de la empresa.

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La Autoridad Tributaria se pronunció indicando que es necesario destacar que las exenciones establecidas en dicho decreto, se limitan exclusivamente a los bienes expresamente señalados y, según se indica tanto en los considerandos como en el cuerpo del decreto, se trata de 211 bienes identificados como necesarios para conjurar la crisis desatada por la pandemia. Dada la restricción de este tratamiento, el mismo no puede ser extendido o ampliado por interpretación analógica a otros bienes, de allí la necesidad frente a un determinado bien en relación con el cual se pretenda la exención, de verificar que se encuentre efectivamente dentro de los bienes expresamente señalados en el decreto.

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La Autoridad Tributaria reiteró mediante su doctrina que la exención de que trata el artículo 1º del Decreto Legislativo 551 de 2020 no puede extenderse a bienes que no se encuentren expresamente señalados en dicha disposición normativa tales como repuestos y materias primas de los bienes cubiertos.

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La Autoridad Tributaria conceptuó que si el contratista se compromete a prestar un servicio y/o a entregar bienes gravados y, producto del incumplimiento es necesario volver a contratar total o parcialmente la obra, o efectuar reparaciones, quien reciba la indemnización debería cubrir el impuesto como parte del valor total del contrato objeto de amparo.

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