La Autoridad Aduanera establece que;  “No es jurídicamente viable que una sociedad de comercialización internacional (SCI)  pueda cumplir con la obligación de exportar (prevista en el numeral 6 del artículo 69 del Decreto 1165 de 2019) y gozar, por ende, de los beneficios tributarios (de que tratan los artículos 2 de la Ley 67 de 1979 y el literal b) del artículo 481 del Estatuto Tributario) cuando la exportación se pretende realizar a través de consorcios o uniones temporales celebrados con otra u otras sociedades de comercialización internacional”.

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La Autoridad Tributaria se pronunció sobre la posibilidad de realizar pagos a terceros para efectos de la aplicación del artículo 771-5 del Estatuto Tributario, de la siguiente manera;

“Sin perjuicio que un tercero realice el pago por el deudor…es menester que los pagos se canalicen mediante alguno de los medios de pago expresamente consagrados en el artículo 771-5 ibidem para efectos de su reconocimiento fiscal, a saber: “Depósitos en cuentas bancarias, giros o transferencias bancarias, cheques girados al primer beneficiario, tarjetas de crédito, tarjetas débito u otro tipo de tarjetas o bonos que sirvan como medios de pago en la forma y condiciones que autorice el Gobierno nacional”.

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El congreso de la Republica expidió Ley No 2276 “Por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de Capital y Ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2023”.

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La Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Cuarta del Consejo de Estado, expide fallo referente a la licencia de importación, vehículos usados con servicio superior a 15 años, requisitos y falsedad material, argumentando que;

«La declaración de importación presentada como anexo a la petición de licencia previa de importación fue adulterada con la finalidad de inducir en error al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y, así, obtener fraudulentamente la licencia previa de importación del vehículo […]», por lo que se encuentra «demostrada la afectación del orden social y económico que establece el artículo 137-3 del CPACA, invocado por la demandante a efectos de la procedencia excepcional del medio de control de nulidad simple contra actos particulares, pues, de mantenerse los efectos jurídicos del acto se estaría convalidando el que los importadores obtengan licencias de importación con base en documentos cuya producción, presuntamente, atentó contra la fe pública como bien jurídico tutelable; y la legalización de la situación de los vehículos importados con base en documentos alterados, convalidaría el desconocimiento de acuerdos comerciales de tipo internacional, cuya obediencia se circunscribe al orden económico del Estado».

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