El Ministerio de Salud y Protección Social mediante Resolución 666 del 28 de abril de 2022, prorrogó la Emergencia Sanitaria hasta el 30 de junio de 2022.

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Los Ministerios de Justicia y del Derecho, Agricultura y Desarrollo Rural, Salud y Protección Social y Comercio, Industria y Turismo expidieron la Resolución Conjunta 539 del 1 de abril de 2022, por la cual se reglamenta el Decreto 811 de 2021 que sustituye el Título 11 de la parte 8 del Libro 2 del Decreto 780 de 2016, en relación con las operaciones de comercio exterior de semillas para siembra, grano, componente vegetal, plantas de cannabis, cannabis, derivados de cannabis y productos relacionados.

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La Autoridad Aduanera señaló que tomando en consideración que ni el Decreto 3568 de 2011 ni la Resolución No. 15 de 2017, precisan la exigibilidad de documentos originales para el caso de los procedimientos concernientes al momento de la validación de los requisitos referentes a los asociados de negocios, por la remisión normativa antes expuesta y un análisis armónico de las mismas, el citado artículo 246 será la norma rectora que determine la exigibilidad de dichos requisitos.

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La Superintendencia de Sociedades señaló en su doctrina que la capitalización de acreencias a favor de accionistas o de terceros, es una operación jurídicamente viable en una sociedad constituida en Colombia. En dicho proceso de capitalización, la sociedad domiciliada en Colombia deberá cumplir con todas y cada una de las normas legales establecidas en la Ley 1258 de 2008 y en el Código de Comercio, dependiendo de la modalidad de capitalización de que se trate (incluyendo, entre otros, la renuncia al derecho de preferencia si es del caso).

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La Autoridad Tributaria conceptuó que si un socio oculto efectúa un pago o abono en cuenta y, por lo tanto, sostiene relaciones económicas visibles con terceros, desnaturalizando así la esencia del contrato de cuentas en participación, la calidad de agente de retención en la fuente deberá ser individualmente considerada (en el caso particular) lo que dicha obligación no puede entenderse compartida con el socio gestor, y por lo tanto, deberá cumplir con los deberes formales asociados a ello de forma individual.

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Precisó la Autoridad Tributaria que para acogerse a la exención del IVA a que hace referencia el literal c) del artículo 481 del Estatuto Tributario, se deberá dar estricto cumplimiento a los requisitos mencionados en la ley y su reglamento. En virtud del principio de legalidad en materia tributaria -consagrado en el artículo 338 de la Constitución Política- las exoneraciones o exclusiones se concretan a las expresamente señaladas por la Ley, siendo éstas de interpretación restrictiva. En consecuencia, no es factible, en aras de una interpretación analógica o extensiva de las normas, derivar beneficios o tratamientos preferenciales no previstos en ellas.  

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